El Gobierno expropió el Castillo de La Toma, pero los dueños están en contra

El gobernador y su hermano, Adolfo Rodríguez Saá encabezaron el viernes un acto público en la Plaza Arco Iris de La Toma, en lo que fue una de las primeras apariciones públicas juntos después de la derrota en las PASO.

La convocatoria en la localidad fue la oportunidad para formular una serie de anuncios, más allá de las inquietudes de los vecinos que son atendidas desde el Estado.

Aquella tarde, el gobernador dio a conocer algunas obras que su Gobierno ejecutará en el pueblo, entre las que se encuentra la puesta en valor del Castillo, una construcción ubicada a 3 kilómetros de la localidad que data del 1850.

El edificio, cuya arquitectura rememora las fachadas de estancias españolas, fue deteriorándose con el paso de los años.

Los tomenses han manifestado la preponderancia de este lugar, tanto para su acervo como para la actividad turística, pero nunca se materializó un proyecto que lo recuperara.

Alberto Rodríguez Saá en plena campaña electoral señaló que ese día sería “histórico para La Toma porque se hará realidad el sueño del Castillo”. Sin embargo rápidamente se conoció que no había consentimientos de los dueños.

El terreno que compone el casco de la estancia está formado por cuatro dueños: Delfor Fernández, Amada Lucero, Eduardo Fernández y Salvador Fernández; pero tres son los afectados por la decisión.

Este medio mantuvo un diálogo con Delfor y Eduardo Fernández, quienes se enteraron de la expropiación tras el anuncio.

Según describieron, la propiedad fue ofrecida en reiteradas oportunidades al Gobierno pero “jamás puso interés”, incluso está ofertada su comercialización desde hace 20 años.

“No pueden expropiarlo porque está a la venta”, aseveró Eduardo Fernández. “Lo mejor sería que lo arreglen, nosotros no contamos con el dinero suficiente para hacerlo, o por lo menos dialogar, pero nadie nos ha informado nada y esto nos causa malestar”, agregó.

Por su parte, Delfor Fernández recordó que hubo un acercamiento con el exgobernador Claudio Poggi, quien sí se había mostrado interesado en recuperar la construcción histórica, pero el intendente Francisco Cornejo se comprometió a comprarlo y los planes se frustraron.

En ese momento, según contaron los propietarios a elchorrillero.com, Cornejo hizo una precompra, que se firmó en una escribanía, y se comprometió a pagarlo tres meses después de su asunción, “pero eso jamás sucedió”, indicaron.

El decreto del Gobierno estipula “una restauración completa, su refuncionalización, albergar un museo, un restaurante y una posada de campo”. Tales iniciativas se realizarán en 240 días y tendrán una inversión de $22.978.000.

Pero los dueños no están de acuerdo. “Yo pasé la mayor parte de mi vida ahí, tengo tantos recuerdos de mi niñez, pero no se puede hacer nada con las expropiaciones”, indicó resignado Delfor Fernández.

El Castillo tiene para él “un valor histórico y sentimental” que torna incalculable su precio: “Uno lo siente. Viví tantos años ahí, incluso en la actualidad trato de mantenerlo siempre limpio, pero esto es así, te expropian y se termina la historia. No estoy conforme, te dan lo que ellos quieren”.

Por su lado, Eduardo Fernández sostuvo que está dispuesto a dialogar y llegar a un acuerdo, pero dijo no aceptar los términos de “esta expropiación efectuada sin ninguna notificación”.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ningún representante del Gobierno se había comunicado para establecer una oferta y tampoco detallaron el decreto a la totalidad de los propietarios.

El Gobierno oficializó la obra, y mostró su interés en ejecutarla lo antes posible, durante el anuncio concretado 16 días antes de las elecciones generales.

“Diciendo y haciendo, ya está firmada la expropiación, ayudanos Adolfo a que la cosa se haga rápido”, pidió el gobernador.